Elsa Pilato
Departamento de Información y Medios

10-03-2010.- El caso del productor agropecuario Franklin Brito es emblemático de cómo en Venezuela se criminaliza la protesta, además de poner de manifiesto la institucionalización de la impunidad en el país y el desacato del Estado venezolano a las medidas dictadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La activista de Derechos Humanos Liliana Ortega, coordinadora general de Cofavic, Comité de Familiares de las Víctimas del 27 y 28 de febrero, expresó durante el foro Derechos Humanos en Venezuela y el caso Franklin Brito, realizado en la Universidad Simón Bolívar, que el productor agropecuario fue privado de su libertad por llevar a cabo una protesta pacífica (una huelga de hambre), valiéndose de los recursos legales y constitucionales para hacerlo, y fue trasladado por la fuerza y contra su voluntad el 13 de diciembre pasado a las instalaciones del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, donde se encuentra retenido desde entonces. “Según cifras conservadoras, en el país son 2.400 las personas sometidas a tribunales por protestar pacíficamente. El caso de Brito es emblemático”.

A Brito, señaló, se le han violado los derechos al debido proceso, integridad personal, libertad de expresión, salud, derechos políticos, entre otros, además, sus familiares, en especial su esposa Elena y su hija Ángela, ambas participantes en el foro, han sido sometidos a acoso y hostigamiento “con el objetivo de deslegitimar su protesta”.

También evidencia el caso Brito “la institucionalización de la impunidad en Venezuela”. “De cada diez violaciones a los derechos humanos, nueve nunca ven a un juez, y sólo menos del 0,5 por ciento logran condena firme”.

Ortega destacó asimismo el desacato en el que ha incurrido el Estado venezolano al ignorar las medidas cautelares a favor de Brito emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales dictan la regularización de las visitas en el hospital y la atención médica por parte de especialistas de confianza de la familia o de la Cruz Roja. “Estos gestos humanitarios mínimos no se han cumplido”.

Para Ortega, el caso del biólogo del estado Bolívar, “tiene consecuencias muy graves para toda la sociedad democrática venezolana”, por sentar precedentes en lo legal tales como el empleo de un tribunal penal por parte del Estado en una materia civil y su uso para criminalizar y dictar una medida punitiva como la privación de libertad.

La profesora María Teresa Urreiztieta, moderadora del foro, leyó antes de la intervención de los ponentes la transcripción de una entrevista que sostuvo telefónicamente con Franklin Brito.
El productor, que desde 2006 ha realizado varias huelgas de hambre en protesta por la confiscación de sus tierras en el estado Bolívar, expresó que no podía asistir al foro “porque estoy preso; ahora no son dos, sino tres los guardias nacionales en la puerta. Estoy bien, pero me siguen teniendo aquí, dicen que estoy enfermo. Como no me pudieron inventar ningún delito, inventaron que tenían que curarme para tenerme preso. Llegaré hasta el final por mi familia y mi dignidad”.

Ángela, hija de Franklin Brito, manifestó que los siete exámenes psiquiátricos practicados a su padre durante su reclusión en el Hospital Militar han estado viciados por muchas irregularidades y no han quedado registrados los resultados; además, ha sido tildado de incapacitado mental por parte de personas no calificadas profesionalmente para emitir ese tipo de juicios. Las condiciones que han solicitado Brito y su familia para la realización de pruebas psiquiátricas, como la grabación de la evaluación y la presencia de médicos de confianza, han sido rechazadas.

Por su parte, Elena de Brito, afirmó que la lucha de su familia es el reflejo de la Venezuela real, “rodeada de incertidumbre por la vulneración de los derechos humanos en el país”. Como familia, dijo, “respetamos la decisión de Franklin de llegar hasta el final con su protesta”.
Otro de los ponentes del foro, organizado por la División de Ciencias Sociales y el Departamento de Ciencias del Comportamiento de la USB, Feliciano Reyna, activista en Derechos Humanos, presidente de Acción Solidaria, Acsol, y Sinergia, Asociación Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, destacó la importancia de que las personas “se apropien” de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y luchen porque se materialicen, tal como lo ha hecho desde 2006 la familia Brito.

Asimismo, fue pertinente la intervención de los psicólogos Manuel Llorens y María Goretti Da Silva de Psicólogos en Acción, quienes alertaron sobre la responsabilidad del gremio de psicólogos y psiquiatras en el respeto a los derechos de sus pacientes, que son iguales a los derechos de cualquier otra persona, así como el respeto a la autonomía e independencia que debe prevalecer en sus diagnósticos y tratamientos.

“Son claros los ejemplos a lo largo de la historia de cómo la psicología y la psiquiatría han sido empleadas por los gobiernos para perseguir a los disidentes. Necesitamos una resistencia muy activa por parte de los gremios ante el mal uso de nuestra profesión, ante el mal uso del lenguaje, de las instalaciones y de las prácticas profesionales”, indicó Llorens.

Goretti Da Silva recordó y leyó el comunicado emitido el 20 de diciembre pasado por el Colegio de Psicólogos del Distrito Capital en el cual denunciaba “la poca claridad del criterio clínico que prevaleció para trasladar al señor Brito desde el lugar donde ejercía su derecho a la protesta mediante una huelga de hambre, hasta un centro de salud de la ciudad capital, sin la autorización de la propia persona o en su defecto con la autorización de algún familiar calificado, en caso de facultades mentales comprometidas”.

Además, exhortaba “a las instituciones competentes a respetar el derecho ciudadano del señor Brito y el de sus familiares, a elegir el o los especialistas que han de tratarlo y donde desea o debe ser atendido su estado de salud física y psicológica”.